¿Se imagina una pelea de box donde el propio juez le pegue a uno de los púgiles? Eso es lo que muchas veces hacen los denominados JUECES DE COACTIVA de las diversas entidades estatales en el Ecuador. Funcionarios que en ocasiones por desconocimiento de las leyes o por intereses, actúan en contra de los administrados violentando de forma grosera y escandalosa las normas legales y constitucionales establecidas.

Esto se está dando ahora mismo contra los jubilados del Banco Central del Ecuador, personas en su mayoría de la tercera edad a quienes se les ha embargado y rematado sus viviendas violando disposiciones expresas contenidas en el COGEP Art. 400, el cual ordena respecto al remate de los bienes embargados que “Las posturas presentadas para primer y segundo señalamiento, no podrán ser inferiores al 100 % del avalúo pericial efectuado”, sin embargo de lo cual, se han realizado remates de inmuebles con posturas presentadas en primero y segundo señalamiento, incluso inferiores al avalúo del solar donde yace la vivienda.

Urge una investigación eficiente y seria que permita tener pleno conocimiento de cómo se han llevado los juicios de coactiva y los remates de bienes muebles e inmuebles, no solo de los jubilados del Banco Central del Ecuador, sino también de otros sujetos pasivos  que en medio de la crisis económica, han sufrido el embargo de sus bienes por entidades como el IESS, CNT, SENAE, Banecuador, Banco Pacífico, CFN, etc. para esclarecer si se han realizado en estricto apego a las normas jurídicas, y si las adjudicaciones se han realizado con transparencia sin violentar normas y principios establecidos en la Constitución y la ley, lo cual sería prevaricato.

En estos momentos que tanto se habla de combatir la corrupción, tengamos presente que la violación de la ley y el abuso de autoridad contra quienes han caído en vulnerabilidad debido a  la crisis económica que golpea al país, es otra forma de corrupción perversa y repudiable, que podría incluso ser calificada como peculado.

Ab. WILLIAM SÁNCHEZ AVEIGA